1 de marzo | Pamplona, Navarra
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🧮 Una ecuación más compleja
Lo importante. El minado de bitcoines está bajo la lupa del Gobierno estadounidense por su posible colisión con los objetivos climáticos de la administración de Joe Biden.
El jueves pasado, una empresa de minado llamada Riot Platforms y un grupo procripto afín interpusieron una queja ante un juez federal para evitar participar en una encuesta del Departamento de Energía.
Ese ministerio quería conocer datos concretos del consumo eléctrico de 82 empresas mineras de bitcoines y así conocer el impacto real de esta industria en la transición energética impulsada por el presidente.
La problemática ilustra una nueva perspectiva con la que mirar a la actividad de las empresas de criptomonedas ¿justifican los beneficios del minado el papel de la industria en la emergencia climática?
Explícamelo. Una fábrica de bitcoines es una nave llena de ordenadores especializados que se sirven de una gran potencia computacional para validar transacciones de criptomonedas.
Cuando las validan correctamente, reciben una recompensa en forma de criptomonedas (una resolución exitosa puede implicar una recompensa valorada en casi 200.000 dólares).
Pero para esa validación es necesario resolver millones de operaciones matemáticas que requieren toda esa potencia computacional.
Para lograr mantener en marcha esos ordenadores, las minas de Bitcoin necesitan consumir mucha electricidad.
Llegados a ese punto, la ecuación para que sean rentables es sencilla1: si la electricidad que necesitan para minar un bloque les cuesta menos que lo que ingresan por ello, hay negocio.
Y ahora el precio del Bitcoin está cerca de sus máximos históricos (casi 60.000 dólares).
Una importante ventaja de esta industria respecto a otras es que pueden detener en cualquier momento su producción y retomarla sin apenas perjuicio: pueden dejar de consumir electricidad cuando está cara y volver a conectarse con el precio más bajo.
Contexto. La encuesta del Departamento de Energía podría servir para dirimir si los efectos del minado en la transición energética verde son positivos o negativos, como defienden los bandos implicados en este debate.
Criptomineros, cabilderos y políticos afines defienden su habilidad de consumir excedentes renovables de la red eléctrica. También dicen apagarse en momentos de alta demanda (aunque por interés propio).
Los detractores los acusan de aumentar el consumo de energías de combustibles fósiles y encarecer con su demanda la factura de los ciudadanos.
El juez Alan Albright atendió a la demanda que considera injustificable el argumento de «emergencia» utilizado para solicitar los datos a las empresas.
Entre la información solicitada estaba conocer los chips usados por las compañías, el consumo eléctrico y los suministradores eléctricos. Los mineros se quejan de intromisión en asuntos sensibles y confidenciales.
Demócratas como la senadora Elizabeth Warren están detrás de impulsar los esfuerzos del Departamento de Energía para monitorizar el impacto energético del minado.
Congresistas republicanos como Tom Emmer acusan a rivales ideológicos como Warren de secuestrar la Administración de Información Energética2 (EIA) para avanzar la agenda climática del presidente Biden.
«Esta tecnología representa los valores estadounidenses», sentencia en un comunicado Tom Emmer.
¿Valores? Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia del minado de la criptomoneda más popular, el Bitcoin, con más de un tercio del mercado global.
Aprovecharon la puerta abierta dejada por la prohibición de minado en China, el líder indiscutible en la industria hasta la medida restrictiva del Gobierno de Xi Jinping en 2021.
A pesar de las fluctuaciones de la criptodivisa, la potencia computacional global dedicada al minado no ha dejado de subir, situándose en máximos históricos.
Esto se debe a las características técnicas de la moneda (cada vez es más difícil minarla). Pero también a que sigue siendo un buen negocio en muchos lugares, siempre dependiente del acceso y del precio de la electricidad.
La EIA estima que en 2023 el minado estadounidense de bitcoines consumió hasta el 2,3 por ciento de la red eléctrica. Los estados se dividen entre verlo como una amenaza o como una oportunidad.
Nueva York prohibió a estas empresas sus operaciones a no ser que usaran un 100 por cien de energía renovable. Las ven como un riesgo para sus objetivos medioambientales
Por contra, Wyoming o Texas las reciben con los brazos abiertos, ofreciéndoles ventajas para establecerse en sus estados.
El caso de Texas tiene muchos elementos que conforman una foto bastante completa de la problemática entre partidarios y detractores de apostar por la minería de bitcoines.
Los cabilderos del bitcoin suelen señalar que sus empresas son perfectas para consumir los excedentes renovables de la red en momentos de baja demanda. Texas es el mayor productor de energía verde del país.
Apoyados por el senador Ted Cruz, se han presentado como solución a los apagones recurrentes que sufrían sus ciudadanos.
Cortan su producción cuando la red se sobrecarga a cambio de créditos energéticos para gastar en su consumo futuro.
La legislación favorable y un acuerdo lucrativo con el suministrador de la red ERCOT ha logrado situar a Texas como el estado favorito para los mineros de la criptomoneda.
Riot Platforms, la empresa protagonista de la queja, recibió en agosto 31,7 millones de dólares por apagar sus instalaciones en condiciones de alta demanda.
Bajo menor demanda, en julio ingresaron 10,8 millones de dólares en bitcoines más 7,8 millones por su acuerdo con ERCOT.
El Texas Monthly reporta que los apagones han desaparecido, ¿pero lo han hecho a un precio apropiado para los ciudadanos que pagan las facturas?
Según la mayoría de estudios, las empresas tienden a exagerar la cantidad de energía verde que utilizan. En Texas, la electricidad limpia de su red apenas alcanza el 50 por ciento en los mejores meses.
Más allá de la vieja guerra partidista entre demócratas y republicanos opuestos a los avances de la transición energética, el minado de bitcoines nos muestra nuevos enfoques de la actividad económica fruto de la emergencia climática.
💡 La idea
Regular el acceso a la energía en función del producto de una industria choca con las lógicas de mercado que han construido el mundo en el que vivimos.
En un lado de la balanza, están las resistencias a frenar una actividad rentable en la tierra de la libertad, un argumento con fuerza en Estados Unidos.
En el otro, el avance en las políticas climáticas tiene muy complicado no llevar aparejado un intervencionismo estatal mayor.
Una actividad económica observada a través de un prisma medioambiental resulta diferente a un enfoque tradicional, como se puede ver con el caso de las criptomonedas.
El minado consume energía, de momento en su mayoría fósil. Pero lo mismo ocurre con algunas fábricas de alimentos, por ejemplo.
La pregunta que surge en este nuevo mundo es: ¿genera el mismo beneficio social e incluso económico una industria que la otra?
El caso del bitcoin es elocuente por extremo: su valor es puramente especulativo y emplea a muy pocas personas (el beneficio no se reparte tanto).
Las empresas mineras de bitcoin disputan que sean perjudiciales para el planeta. Pero en su mayoría no han querido compartir sus datos para ayudar a evaluar la realidad.
Bitfarm o CleanSpark son excepciones de compañías que sí están dispuestas a informar en profundidad sobre su consumo energético.
Entonces. Una transición energética efectiva complica las decisiones estratégicas de los gobiernos, que necesitan evaluar impactos antes despreciados y les induce a intervenir más de lo que a muchos les gustaría.
En el ojo del huracán, industrias cuyas ventajas colectivas son discutidas.
En casos como el del bitcoin, con criptobros y enemigos de la moneda especialmente polarizados.
Y tú, ¿crees que se debe restringir el acceso a la red eléctrica de las minerías de bitcoines?
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Feliz viernes,
Posdata: ya falta menos.
Obviando algunos otros costes fijos menores comparativamente: mantenimiento, algo de personal.
La Administración de Información Energética ha sido la emisora de la solicitud de información a las empresas. Es dependiente del Departamento de Energía.
